Miles de inmigrantes esperan alcanzar a presentar la solicitud de naturalización antes del próximo 2 de octubre, fecha en la que subirán las tarifas de varios trámites migratorios.
La preocupación por el aumento de estas tarifas también aumenta, pues los inmigrantes vienen de una difícil situación tras la pandemia que solo en los primeros meses de este año dejó a casi 10 millones de personas sin trabajo en todo el país, según datos aportados por el Departamento de Trabajo.
Según informó el Servicio de Inmigración y Ciudadanía (USCIC), desde el próximo mes se aplicará un incremento promedio de 20 % en las tarifas, pero en algunos casos el aumento sería de 535 % para financiar el 97 % de sus operaciones.
“USCIC ajusta sus tarifas para ayudar a cumplir con las necesidades operacionales. Hoy, el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos anunció una regla final que ajusta las tarifas de ciertas peticiones de beneficios de inmigración y naturalización para garantizar que el Servicio de Ciudadanía e Inmigración recupere todos los costos de los servicios que ofrece. A diferencia de otras agencias gubernamentales, USCIS se financia con tarifas. Las tarifas cobradas y depositadas en el fondo de la Cuenta de Tarifa de Examinaciones de Inmigración financian cerca del 97% del presupuesto de USCIS”, es el mensaje con el que la oficina de USCIS manifiesta el alza en sus tarifas.
Uno de los trámites más solicitados por los inmigrantes es el proceso de naturalización; proceso que otorga la ciudadanía estadounidense a un ciudadano extranjero. Este trámite pasará de costar 640 a 1.170 dólares, más el pago del proceso de los datos biométricos.
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Los precios afectaría a miles de inmigrantes que no tienen trabajo o que no tienen dinero suficiente para cubrir los 530 dólares de más que deberán pagar. Por tanto, la Asociación Estadounidense de Abogados de Inmigración (AILA) y el bufete de abogados Sidley Austin (LLP) demandaron al Gobierno Trump en agosto para detener el alza en las tarifas. Lo que se busca es una orden judicial de emergencia a nivel nacional para evitar que esta regla entre en vigencia el 2 de octubre, según lo dio a conocer El Diario.
“Los aumentos de tarifas, Incluido un aumento de 83 % para las solicitudes de naturalización, colocan una barrera ilegal en el camino de las personas elegibles para los beneficios de inmigración. Estas pruebas de riqueza pertenecen al basurero de la historia”, manifestó Jesse Bless, directora de Litigios de AILA, por medio de un comunicado.
A esto hay que sumar la preocupación por la regla de carga pública, una prueba que determina si alguien que está solicitando la residencia permanente o una visa para entrar a los Estados Unidos puede, probablemente, depender de beneficios públicos en el futuro.
Aunque los abogados han aclarado que la regla de pedir beneficios públicos no afecta a los residentes permanentes para solicitar la ciudadanía, son muchas noticias que han confundido a las personas y no saben cómo deben actuar para definir su situación migratoria.
Por ahora, la única opción que parecen tener los inmigrantes es hacer la solicitud antes del 2 de octubre.